La marcha del juicio contra Jaime Rosero continúa su curso en los tribunales, pero la respuesta de las principales fuerzas políticas ecuatorianas ha sido más discreta de lo esperado. A diferencia de otros procesos judiciales de alto perfil donde el respaldo institucional es inmediato y visible, en este caso se observa una notable ausencia de banderas políticas claras que avalen la defensa o la acusación con contundencia.
En particular, el movimiento ADN, que históricamente ha tenido vínculos cercanos con figuras del gobierno anterior, ha firmado documentos de apoyo pero aún no ha decidido abanderar oficialmente la causa. Esta postura cautelosa sugiere una evaluación estratégica interna sobre los riesgos y beneficios políticos de involucrarse directamente en la defensa o el ataque contra Rosero, sin tomar partido público definitivo.
Por su parte, el partido Restauración Civil (RC) ha sido aún más explícito en su distanciamiento. Sus representantes han declarado que no defenderán a ninguna de las partes implicadas, atribuyendo esta decisión a un 'cálculo político' claro. Esta posición deja al proceso judicial en un vacío relativo de apoyo partidista directo, obligando a los analistas y a la opinión pública a observar cómo se resuelve el caso sin el escudo o la espada de las grandes organizaciones políticas tradicionales.
