En el cantón Montecristi, provincia de Manabí (aunque vinculado a la red sanitaria regional), un grupo de pacientes renales y sus familiares ha realizado protestas públicas. La movilización responde a la incertidumbre generada por una posible suspensión de los servicios de diálisis en la clínica local, situación atribuida directamente a las deudas pendientes del Gobierno con el centro de salud.
La tensión se ha desatado ante la amenaza real de que la prestación del servicio sea interrumpida. Los afectados han tomado las calles para hacer visible su reclamo, buscando presión directa sobre las autoridades para resolver el conflicto financiero que pone en riesgo su tratamiento médico continuo y su calidad de vida.
Este episodio refleja la fragilidad de los servicios de salud cuando existen incumplimientos en los pagos públicos. Para la población vulnerable, la garantía del acceso a la diálisis no es solo una cuestión administrativa, sino un derecho fundamental que requiere fiscalización constante y soluciones ágiles por parte de los entes responsables.
La situación queda pendiente de resolución. Se espera que las autoridades competentes actúen con celeridad para evitar el colapso del servicio en Montecristi, priorizando la salud de los ciudadanos sobre los trámites burocráticos o financieros que han derivado en esta crisis local.
