La fracción Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional ha dado un paso formal al presentar una demanda de inconstitucionalidad. Este recurso legal busca cuestionar la validez de la resolución emitida por el Consejo de la Judicatura, órgano rector del sistema judicial ecuatoriano, que dispuso la supresión de las unidades dedicadas a la lucha contra la corrupción.
Según la información disponible, la iniciativa legislativa ha iniciado un proceso de fiscalización sobre dicha medida administrativa. La acción jurídica se centra en analizar si la eliminación de estas estructuras judiciales específicas contraviene los principios constitucionales vigentes y el marco legal que regula la independencia y eficacia del poder judicial en el país.
Esta movida política y jurídica se produce en un contexto donde la gestión del sistema de justicia es un tema de constante debate. La fiscalización busca examinar los fundamentos legales de la decisión tomada por el Consejo de la Judicatura, evaluando el impacto que esta reestructuración podría tener en los mecanismos de control y persecución penal contra delitos de corrupción.
La presentación de este recurso marca un nuevo capítulo en la tensión entre las distintas fuerzas políticas sobre la organización del aparato judicial. Se espera que la Corte Constitucional resuelva sobre la procedencia de la demanda, lo cual definirá si se mantiene o revierte la decisión de eliminar estas unidades anticorrupción dentro del sistema de justicia ecuatoriano.
